ÚRSULA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

















VIVIANA ROSALÍA ALBERTUS



Transcurrió un mes desde el asesinato de Úrsula, otra mujer más asesinada en Argentina. El caso se suma a los femicidios diarios que son registrados en el país en el transcurso del 2021, resultando un promedio de muerte por día.


Surge el siguiente interrogante, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en estas muertes?


Úrsula Bahillo tenía 18 años y había realizado dieciocho denuncias ante los organismos competentes de la Ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires. Por su muerte se encuentra detenido su ex pareja, un hombre de 25 años.


No fueron suficientes sus demandas de auxilio, de intervención, de medidas urgentes para detener y hasta –quizás– evitar el trágico final para aquella joven que gritaba y denunciaba el calvario que padecía, siendo una víctima más de violencia de género.


En primer lugar, se debe señalar que el estado argentino ratificó los siguientes instrumentos internacionales que reconocen derechos fundamentales a las mujeres:

  1. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer.

  2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”.


Por su parte, hace más de 10 años el Congreso de la nación Argentina sancionó la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales.


La norma prevé la protección del derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y define como violencia contra las mujeres a toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Queda comprendida en esa definición la violencia perpetrada desde el Estado o por sus agentes.


En el mes del día internacional de la mujer, que conmemora la lucha por el reconocimiento de los derechos, la eliminación de la violencia y la igualdad de género, en Argentina continúan viéndose vulnerados estos derechos, y el caso de Úrsula es uno de ellos. Nadie la protegió ni velaron por sus derechos.


La citada Ley 26.485 establece que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y enumera cuáles son los derechos ante distintas formas de violencia. Esta ley, aprobada en 2009 por el Congreso Nacional, busca eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida y apunta a prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres.


En el caso que aquí se comenta, el estado argentino no cumplió con los preceptos de la norma, toda vez que no se arbitraron los medios para prevenir, asistir y eliminar la violencia contra Úrsula.


Es el estado quien debe generar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y eliminar la situación de vulnerabilidad de sufre y denuncia la mujer que concurre ante los órganos competentes requiriendo su intervención.


La muerte de Úrsula fue la fatal consecuencia de las 15 puñaladas que recibió; el botón antipánico nunca llegó y parecería que no se veló por su protección. ¿Estamos frente a un caso de responsabilidad del estado por omisión o – al menos - por un accionar negligente? Alguien debe hacerse responsable.


La justicia deberá determinar si se constituyó un caso de feminicidio, donde el estado también sería el responsable del trágico final para otra mujer argentina.


Úrsula, como muchas mujeres víctimas de violencia de género, acudió a las instituciones estatales buscando su protección, la que no fue suficiente. Por ello, se deberá juzgar si el estado debe responder ante tal omisión al deber de seguridad.


Es el Estado quien tiene el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, no siendo suficiente el dictado de una ley, sino que deben arbitrarse los medios necesarios para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres que habiten el suelo argentino.


Debemos bregar por el dictado de políticas públicas y medidas eficaces que se vean reflejadas en la disminución de casos de víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus formas, incluida la estatal.

Recordemos que es el Estado a quien le corresponde diseñar e implementar políticas públicas en la materia, en estricta observancia con las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, la Constitución y leyes argentinas.


Por todo eso, no sólo escribo reclamando #JusticiaporUrsula, sino también velando por un Estado responsable que resguarde los derechos de las mujeres.