Violación en tiempos de guerra: Crimen ¿sin castigo?

Ya lo decía la premio nobel de Literatura Svetlana Alexievich; la guerra no tiene rostro de mujer. No la tenía en 1985 cuando publicó este ensayo, ni la tiene en la actualidad cuando se recurre a la violencia sexual como arma contra ellas, especialmente. Se produce así su revictimización por parte del sistema.

Así lo denuncia la defensora del pueblo de Ucrania, Liudmyla Denisova. En su informe consta que en Bucha un niño de 11 años habría sido violado delante de su madre por soldados rusos. El 12 de abril, el presidente Volodymir Zelenskiy ante el parlamento lituano ha dicho que “el soldado ruso Alexey Bychkov es culpable de la violación de un bebé”.


“No quiero vivir. Me siento sucia” son las declaraciones de una ucraniana a The Guardian tras ser violada por dos soldados rusos cuando tomaron el control de su ciudad natal. ¿Su crimen? Ser la mujer de un soldado ucraniano. No se lo dijo a nadie ni buscó ayuda sanitaria. Aunque la violación y otros tipos de agresión sexual son crímenes de guerra contrarios al derecho internacional humanitario, Iryna Venediktova, fiscal general ucraniana, asegura que los soldados rusos han cometido actos de violencia sexual contra la población ucraniana sin distinguir ni sexo ni edad.


Human Rights Watch (HRW) tiene constancia de al menos un caso de violación en Kharkiv. Y otras tres denuncias en la región de Chernihiv y en la asolada Mariupol. Lo difícil: recoger las pruebas sobre casos de violencia sexual en un país dónde la guerra lleva 48 días haciendo estragos.


En la actualidad, ante la posibilidad de ser infectadas deliberadamente con enfermedades de transmisión sexual, no es de extrañar que cuando estalla una guerra no piensen en sus pertenencias. Antonina Medvedchuk lo sabe. En entrevista con The Guardian, dice que lo primero que cogió de su casa al oír los primeros bombardeos fue una caja de preservativos. Sabe que en todas las guerras han sido perpetrados los mismos actos criminales. El trauma perdurará y se enquistará si no hay acceso a justicia.


La Corte Penal Internacional ha anunciado que investigará todos los supuestos crímenes de guerra, incluyendo la violación, ocurridos en Ucrania desde 2013. Ucrania no es miembro de la CPI, pero a raíz de la anexión rusa de Crimea y la guerra en el Donbass, aceptó su jurisdicción. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, encargada de juzgar la responsabilidad de los estados, es vinculante para todos los estado-miembro de NNUU, Rusia se ha negado a comparecer. Quiere dilatar al máximo el proceso.


Lo cierto es que cuando la seguridad se deteriora, las mujeres y las niñas se enfrentan a la vulneración total de sus derechos en multitud de países, a los que Occidente no les da tanta visibilidad. En Malí, según la Encuesta Demográfica y de Salud de Mali (2018) la mitad de las mujeres de entre 15 y 49 años habían experimentado violencia emocional, psicológica, física y sexual. A su vez, según el informe del secretario general de la ONU “en 2016 se perpetró actos de violencia sexual con el objetivo de desplazar a las poblaciones del Cuerno de África, Irak y Siria”. Como resultado: 950.000 nuevos refugiados y emigrantes en Europa. Aunque la trata no es nada nuevo y los traficantes de personas pululan entre la miseria exigiendo recibir actos sexuales como “pago del pasaje”, la impunidad facilita la continuidad de estas actividades criminales diseñadas para explotar a los menores no acompañados, que acaban siendo esclavos sexuales.


En Sudán del Sur se estima que el 90% de estos casos son juzgados por Tribunales locales que sentencian a las víctimas a casarse con su violador. También en el noreste de Nigeria y en Somalia, el “resarcimiento” a través del matrimonio es aceptado por los familiares de las víctimas a fin de evitar la “vergüenza” y en Myanmar, los “matrimonios de reparación” son muy comunes en casos de violación, cometida principalmente contra las mujeres Rohingya.


Pero no solo son obligadas a matrimonios forzosos con sus agresores; también son obligadas a llevar a término embarazos forzados o, por el contrario, sufren esterilización y abortos forzados Algo muy común entre las mujeres y niñas reclutadas por las FARC.


En el Líbano la prostitución forzada es uno de los crímenes más habituales. Aquí son las refugiadas sirias las que acaban en redes de prostitución. En 2016, 75 mujeres sirias fueron liberadas tras haber sido torturadas, violadas y forzadas a prostituirse. La misma red de proxenetas habría practicado más de 200 abortos a menores, resultado de embarazos forzados.


En el Sáhara Occidental, a la hora conocer el alcance de la violencia sexual ejercida en el marco de la ocupación marroquí, las supervivientes optan por guardar silencio ante la falta de un proceso de acompañamiento. Cada vez es más habitual que las fuerzas marroquíes agreden sexualmente a las mujeres y luego las amenacen de muerte si se atreven a denunciar. Es el caso de las activistas Hayat Erguibi o de Sultana Khaya, defensora del derecho a la libre determinación del Sáhara que se encuentra bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2020. Las fuerzas de seguridad que rodean su domicilio la han agredido físicamente y violando a sus hermanas según Amnistía Internacional.


En Palestina, los militares israelíes chantajean a las mujeres palestinas. A cambio de tener sexo con ellos, les dan permisos de trabajo. A su vez, las autoridades israelíes han hecho del acoso sexual su herramienta de presión durante los interrogatorios. En la zona de Gaza el 15% de las mujeres casadas han sido víctimas de violencia sexual.


Sería el artículo 27 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (1949) el que recoja que “las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor” reconociendo la existencia de dichos crímenes. La prohibición explícita de la violencia sexual se recoge en sus Protocolos Adicionales. Los convenios de Ginebra han impulsado con posterioridad otros acuerdos contra la violencia hacia la mujer en el ámbito internacional. También inspira la resolución 1820 del Consejo de Seguridad que establece que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio” y que los crímenes de violencia sexual no deben ser amnistiados. Los Estados parte tienen la obligación de garantizar a todas las víctimas, particularmente a mujeres y niñas, protección durante la guerra y en el posconflicto. La realidad analizada no se corresponde con una teoría que sigue siendo esencial. Sin ella, no habría un marco legal que reivindicar.


En 1993 el Consejo de Seguridad creó el Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia (TPIY). En el Estatuto del TPIY se incluye la violación como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra al demostrarse que en la antigua Yugoslavia la violencia sexual fue uno de los principales crímenes cometidos contra niñas y mujeres como proceso de limpieza étnica. Tuvo que haber 50,000 casos de violaciones para conseguirlo.


Posteriormente, en 1994, el Consejo de Seguridad creó Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que trabajó paralelamente al TIPY. Fue el TPIR el que logró incorporar la violación y otros actos de agresión sexual como acto constitutivo de Genocidio en 1998, cuando Jean Paul Akayesu se convirtió en la primera persona condenada por estos hechos. Según NNUU, en torno a medio millón de mujeres y niños de la etnia Tutsi fueron violados, sexualmente mutilados y asesinados por extremistas Hutu Este precedente sirvió para condenar a Pauline Nyiramasuhuko, quién ordenó las violaciones y asesinatos de mujeres y niñas Tutsi. La jurisprudencia de ambos tribunales constituyó las bases para la creación de la CPI con el Estatuto de Roma en 1998.


El Estatuto de Roma incluyó como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra “la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños impuestos por la fuerza o mediante coerción en un escenario de abuso y violencia con el objetivo de destruir el tejido social.” También son actividades propias de grupos terroristas como el Estado Islámico, Boko Haram o los talibanes en Afganistán, donde niños con familias sin recursos son vendidos como juguetes sexuales, consentido por los soldados estadounidenses. En cuanto al Genocidio, solo se incluirá si estas agresiones sexuales son perpetradas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.


Al trauma que viven las víctimas, se le une el rechazo de sus familias y comunidades. En el caso de los hombres la estigmatización es un hecho. En 1993, en el contexto de la guerra bosnio-croata, numerosos casos de hombres que habían sido violados fueron sacados a la luz por el investigador de Derechos Humanos de NNUU. Su investigación muestra que más del 50% de los detenidos bosnios musulmanes y bosnio-croatas sufrieron tortura sexual. Muchos de los supervivientes nunca han hablado del calvario experimentado a manos de sus agresores. Callan ante una sociedad internacional patriarcal que está todavía en fase de toma de conciencia.


En el caso del Kurdistán iraquí, Jordania y Líbano, según un informe de ACNUR (2017) “entre el 19,5 % y el 27 % de los hombres sufrieron violencia sexual.” Pero callan por la homofobia y nuestro concepto de masculinidad que crea una sociedad que considera tabú que los hombres sean víctimas de abusos sexuales en conflictos armados a pesar de incluirlos en la tipificación de estos crímenes.


El rechazo de sus comunidades a las víctimas es un gran problema. En Sri Lanka, en 2018, la comunidad tamil, especialmente mujeres y niñas, todavía no ha obtenido acceso a justicia en cuanto a delitos de violencia sexual a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos subrayó que existe una desprotección hacia las víctimas y una ralentización en los procesos judiciales, que tardan más de cinco años en resolverse. Hasta 2016 las más de 200.000 mujeres violadas durante la guerra de secesión en Bangladesh (1971) no fueron reconocidas como víctimas.


Fatou Bensouda, ex fiscal de la CPI señaló que los cuerpos de las mujeres y las niñas se convierten en “campos de batalla” pero “a ellas no solo se les asesina; también se les viola, mutila y humilla”. La pornografía forzada, entendida como la generación de contenidos visuales degradantes, procedentes de agresiones sexuales llevó a páginas como Pornhub al punto de mira hace dos años por publicar supuestamente este tipo de contenido. Lo cierto es que se vio obligado a retirar más de 10 millones de vídeos. Ahora la palabra “ucranianas” llena las páginas de búsqueda seguido de “prisioneras de guerra'' y “afganas”.


Suele ser frecuente el secuestro de mujeres y niñas para obligarlas a satisfacer sexualmente a los soldados. Un ejemplo claro son las más de 200.000 mujeres de origen coreano raptadas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas no han sido escuchadas. Corea del Sur ha mantenido la inmunidad a Japón y el gobierno japonés se ha negado a pedir perdón.


Lo que está claro, como dice Hilmet Karcic, analista del genocidio de Sarajevo para Foreing Af airs, es que “la violación es uno de los crímenes de guerra más comunes, pero en muy pocas ocasiones es tomado en consideración por los Tribunales Internacionales”. Tenemos el caso de las mujeres albano-kosovares que sufrieron agresiones sexuales por soldados serbios durante la guerra de Kosovo (1998-1999) con el objetivo de evitar que la población pudiese reproducirse en el futuro. Todavía hoy más de 20,000 mujeres albano-kosovares no han sido oídas por la justicia. Según el informe Kosovo 's wartime victims (2019) solo seis hombres fueron declarados culpables por el TPIY. Han hecho falta 20 años para que los tribunales locales de Kosovo hayan conseguido el primer veredicto contra un oficial de policía serbio acusado de crímenes sexuales. Es una excepción y no la regla.


La CPI parecía alcanzar la luz después del túnel cuando, en 2016 imputó por primera vez por violencia sexual a Jean Pierre Bemba Gombo, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC) pero fue absuelto por la Sala de Apelaciones. No fue así en el caso de Bosco Ntaganda que sí fue condenado por crímenes cometidos contra la RDC en 2003, incluyendo esclavitud sexual y violación. Lo cierto es que estas condenas son insuficientes ante las 29.801 denuncias de violencia por razón de género.


La comunidad Yazidí en Irak ha sido objeto de crímenes similares perpetrados por el Estado Islámico desde 2014. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas catalogó en su informe los crímenes contra los Yazidis como actos de Genocidio. En él describe cómo niños menores de 12 años fueron raptados, esclavizados, torturados, violados y asesinados. Sus madres fueron vendidas como esclavas. En 2021, el parlamento iraquí adoptó una ley que debería haber sido el principio de la lucha contra la violencia sexual del Estado Islámico contra la comunidad Yazidí. Mientras, un juzgado alemán condenó a un miembro del Estado Islámico por crímenes contra la humanidad, pero no incluyó en la sentencia nada respecto de supuestos crímenes sexuales.


Una situación similar experimenta los miembros del grupo étnico Uigur, que vive en el noroeste de la República Popular China, que se encuentran recluidos en la provincia china de Xinjiang. China estaría usando la violencia sexual de manera sistemática y la violación como método de tortura contra los prisioneros de etnia Uigur. Las estimaciones hablan de más de un millón de uigures retenidos en campos de 'reeducación' y campañas de esterilización a las mujeres.


El propio Consejo de Seguridad ha reiterado su preocupación ya que «a pesar de su repetida condenad e la violencia contra las mujeres y los niños, incluidas todas las formas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado, tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados». Dostoyevski decía que siempre después del crimen llega el castigo, pero lo cierto es que, a pesar de los tratados y mecanismos legales, los estados han fallado a la hora de proteger a las mujeres, y en general a los civiles. Todavía queda por recorrer un largo camino enmateria de Derecho Penal y Derecho humanitario internacional.